Estadística Oficial No Permite Entender La Desaparición En México

⦁ La información de personas desaparecidas está dispersa, así lo demuestran los distintos tipos de registros nacionales y estatales

⦁ La mayoría de los registros de personas desaparecidas tiene fines de difusión, pero no son de fácil acceso

⦁ Existen profundas inconsistencias en las distintas bases de datos de personas desaparecidas sobre el número, clasificación y media filiación

⦁ Hay causales de baja cuestionables de casos de personas desaparecidas del RNPED

⦁ En los registros de personas desaparecidas no hay elementos para determinar la incidencia, los patrones ni las causas de este delito

⦁ Hay una profunda confusión conceptual de las autoridades, utilizan indistintamente los términos desaparecidas, extraviadas, ausentes y no localizadas

⦁ El ONC propone un Sistema de Gestión de Información que sea de utilidad para víctimas y autoridades
Los registros estadísticos disponibles sobre desapariciones en México no permiten contar con la información mínima necesaria para entender este fenómeno. Esto se debe a las inconsistencias entre las bases de datos y a la heterogeneidad de sus respectivos criterios de construcción.

Estos factores no sólo evidencian que es imposible dimensionar su incidencia, sino que carecemos de las políticas públicas y del compromiso institucional necesario para garantizar el acceso a la justicia y la verdad a las víctimas.

Por ello, el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), abordó este problema en el primer fascículo El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia? que forma parte de la colección ¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias? Perspectivas de política pública.

El documento tiene como objetivo generar una mejora de la gobernanza en materia de desapariciones en México, a través del análisis de las acciones emprendidas por las distintas autoridades de los niveles de gobierno, de la recuperación de la experiencia comparada internacional y del conocimiento de diversas asociaciones civiles y colectivos especializados.

Este 1er fascículo versa sobre el registro de las desapariciones, que es la base para las búsquedas de las personas, las investigaciones judiciales y forenses.

El director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas consideró que entender el fenómeno de la desaparición debe ser urgente para nuestro país debido a que actualmente representa un grave problema en materia de derechos humanos, seguridad y Estado de Derecho.

Advirtió que negarle la justicia a las víctimas significa mantener vigente los actuales índices de impunidad, ignorar parte del fenómeno del homicidio, de la trata de personas, del secuestro y de otros delitos violentos.

“Negarle la verdad a las víctimas significa mantener vivo el dolor, generar desigualdad y condiciones de vulnerabilidad para los familiares de desaparecidos, así como debilitar las instituciones y el entramado social”, señaló.

La mejora del registro estadístico de las desapariciones es de una importancia toral, sin registros estadísticos sólidos, confiables y oportunos, no sabremos identificar la magnitud del problema y, por ende, será muy difícil determinar la cantidad de recursos necesarios para mejorar la investigación de casos, la atención a víctimas o las capacidades institucionales forenses.

El Observatorio Nacional Ciudadano propone un Sistema de Gestión de Información que incluya:

⦁ Plena implementación del software donado por la Cruz Roja Internacional ante mortem/post mortem (AM/PM) que concentra no solo los datos de desaparecidos sino información sobre las personas encontradas sin vida.
⦁ Incluir información de personas no identificadas en hospitales, albergues, entre otros.
⦁ Incluir información sobre personas que se encuentran en centros de detención.
⦁ Generar un registro de fosas comunes y clandestinas.
⦁ Desagregar la información recabada de personas desaparecidas no solo para fines de su difusión sino para entender las características de este fenómeno delincuencial.

Para lograr estos objetivos debe haber un liderazgo claro de las autoridades federales y estatales por:
• Reconocer la dimensión de la desaparición forzada e involuntaria de personas en México.
• Generar e implementar adecuadamente políticas públicas especializadas en la materia.
• Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos involucrados alrededor del fenómeno.
• Supervisar la adecuada actuación de los funcionarios.
• Colaborar con la sociedad civil con la finalidad de incrementar la efectividad de la investigación de los casos y abonar a la rendición de cuentas.

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